miércoles, julio 13, 2005

Una de fiscal


En el año 1999, y tras varias llamadas al orden, la Comisión Europea denunció al Reino de España por contravenir un derecho fundamental recogido en la VI Directiva.
Lo que se denuncia es un artículo de la legislación española del IVA, mediante el cual, las empresas perceptoras de subvenciones ven (proporcionalmente) limitado su derecho a deducir el iva de aquellos bienes que han sido subvencionados. Bien directamente, bien incluyendo las subvenciones en el cálculo de la prorrata de IVA.
Si una empresa recibe una subvención de 100, lo que compre le resultará un 16% más caro, porque no podrá deducirse su iva, con lo cual la subvención se queda en 84, además, la subvención tributa, por tanto habra que devolverle a la administración, via impuesto de sociedades, un 35%, con lo cual el importe real que le queda al que recibe la subvención son 49.
Todo esto, en principio no es ni bueno ni malo, es una norma fiscal que puede ser más o menos discutible por como afecta a las empresas, en función de en que lado del asunto nos encontremos. Pero es ilegal.
Ahora mismo, el asunto está llegando al final, se ha publicado la opinión del Abogado General, y como se esperaba rechaza las tesis mantenidas por las autoridades españolas. Asimismo, el Gobierno español habia solicitado limitar los efectos retroactivos de una posible sentencia en este sentido, y la opinión de este caballero es que tambien debe ser rechazada.
El 21/6/2005 en el Boletin Oficial de las Cortes Generales se publica una proposicion de ley para modificar la ley del iva en los términos en que se prevee salga la sentencia. En cuanto se apruebe se abrirá la veda para que las empresas que no lo han hecho ya soliciten la devolución de los importes ingresados indebidamente con sus correspondientes intereses (4% para el año 2005, no se si aplican el interés legal o el de demora).
Hay que tener en cuenta que los ejercicios prescritos, prescritos están, y sobre ellos no se puede reclamar, salvo que se haya tenido la precaución de autoimpugnar las propias declaraciones para que no prescribieran pensando en que esto iba a suceder.
Los importes de que estamos hablando son astronomicos, en concreto un 16% de todas las subvenciones de los últimos ejercicios, como para equilibrar el presupuesto.